Los presidentes municipales de Quechultenango y Mochitlán, en Guerrero, rechazaron cualquier vinculación con los enfrentamientos suscitados el pasado
Los presidentes municipales de Quechultenango y Mochitlán, en Guerrero, rechazaron cualquier vinculación con los enfrentamientos suscitados el pasado jueves entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Ambos ediles aseguraron que su actuación se limitó a procedimientos institucionales encaminados a restablecer la paz y proteger a la población.
El choque se desencadenó cuando un grupo de fuerzas de seguridad arribó a la base mixta instalada en el Gimnasio Municipal de Quechultenango. Alarmados por un posible operativo de detención, pobladores conformaron una turba armada con palos y piedras, desarmaron a los policías y militares, e incendiaron dos unidades oficiales. Posteriormente, impidieron el paso de refuerzos provenientes de Mochitlán, lo que derivó en un segundo enfrentamiento.
Tras más de cinco horas de tensión, mandos estatales y federales establecieron un canal de diálogo con los habitantes. De esta negociación dependió la liberación de los efectivos retenidos, quienes resultaron sin reportes oficiales de bajas mortales o heridos graves.
David Astudillo Morales, alcalde perredista de Quechultenango, subrayó que no convocó ni promovió actos de confrontación y expresó solidaridad con las familias afectadas, al tiempo que confió en que las autoridades correspondientes deslinden responsabilidades. En igual sentido, el edil de Mochitlán, Gerardo Mosso, del Partido Verde, señaló que su administración mantuvo comunicación institucional permanente a través de la Mesa de Seguridad de la Montaña Baja y no participó en los hechos violentos.
Las fiscalías estatal y federal han iniciado las pesquisas para esclarecer las causas de los bloqueos y la posible implicación de grupos delictivos en la escalada de violencia.