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Bukele evalúa liberar de forma anticipada al 50 por ciento de los presos vinculados con pandillas

Bukele evalúa liberar de forma anticipada al 50 por ciento de los presos vinculados con pandillas

El Gobierno de El Salvador evalúa un programa de libertad anticipada y condicional para aproximadamente la mitad de los reos vinculados con pandillas,

El Gobierno de El Salvador evalúa un programa de libertad anticipada y condicional para aproximadamente la mitad de los reos vinculados con pandillas, informó el presidente Nayib Bukele el 13 de octubre. La propuesta contempla una revisión individual de cada expediente y mantiene la condición de culpables bajo monitoreo estricto.

Bukele presentó la iniciativa durante una sesión de preguntas y respuestas, tras anunciar un acuerdo de inversión en energía con el grupo español COx. El mandatario aclaró que el beneficio no implicaría la anulación de la responsabilidad penal: “Es una liberación condicional, siguen siendo culpables, pero salen bajo ciertas condiciones y supervisión”, explicó.

La evaluación considerará tanto los años de violencia en el país como las circunstancias específicas de la relación de los internos con las pandillas, organizaciones que llegaron a ejercer un férreo control territorial. Según Bukele, no es equiparable participar activamente en crímenes que haber sido víctima de coacción o vivir bajo la dictadura de estos grupos.

El mecanismo de revisión está a cargo de una comisión gubernamental integrada por jueces, fiscales y funcionarios del Ejecutivo, incluida la primera dama, Gabriela de Bukele. Este órgano opera al margen de la Fiscalía General de la República y del sistema judicial ordinario, lo que ha generado cuestionamientos sobre su base legal y su articulación con los procedimientos constitucionales.

Desde marzo de 2022, la administración aplicó un régimen de excepción que permitió detenciones masivas de supuestos pandilleros y redujo drásticamente los homicidios. No obstante, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y más de 500 muertes bajo custodia estatal. Tampoco se ha precisado la fecha de inicio del programa, el número exacto de beneficiados ni los protocolos de monitoreo.